Hace tiempo que no asomo por aquí para escupir veneno. Y no es porque me haya quedado sin él. En realidad lo vengo acumulando, en proporciones cada vez mayores, bajo la lengua: ya la tengo como hinchada, morada, con muy mal aspecto, hasta tal punto que empiezo a temer que, si un día me la muerdo accidentalmente, pueda intoxicarme. Así que yo creo que me vendrá bien liberar un poco de ponzoña, por motivos terapéuticos más que nada, que deben ser los poquitos que me quedan para seguir escribiendo de vez en cuando en este "blogue", "bitácora", sumidero de excrementos mentales o como diantres deba llamársele.
Parece ser que vivo en el centro de Palma, y yo sin saberlo. No estoy muy seguro de cuál es el nombre oficial de mi barrio: creo que Son Canals, aunque yo lo llamo siempre "al lado de Pere Garau", pues desde la puerta de mi casa hasta la plaza hay unos dos minutitos, andando a mi ritmo que es más bien despacio y arrastrando los pies. Dado que la zona es, después de la inmediatamente vecina Son Gotleu, la que más inmigración ha recibido dentro de la ciudad en estos últimos años de gozo y prosperidad, yo la tenía por periférica antes que por céntrica: entre otros indicios, ficticios se ve, que me indujeron al error, se encuentra también el precio de la vivienda en su comparación con el de esos otros barrios a los que quisiera irme a vivir, o el nivel socio-económico de las gentes que habitamos por estas lares.
Pero el Excelentísimo Ayuntamiento de Palma ha venido a rescatarme de mi yerro: mi barrio es céntrico. O eso, o mi ciudad tiene el centro urbano más expansivo y voraz donde los haya en este país (adviértase mi pericia eludiendo, con este fórmula magistral, darle a "este país" el nombre de Imperio Español, Païssos Catalans o República Siciliana de Mallorca). Es lo que deduzco del hecho de que, a apenas 15 segundos andando (a mi ritmo) desde el portal de mi casa, entro ahora en territorio de la lóbrega y celebérrima "Ora", oséase en zona azul, oséase en "pague Vd. de nuevo por aparcar en las vías que mantenemos intransitables gracias al previo pago de su impuesto revolucionario de circulación". Aunque eso sí: los mencionados 15 segundos que me separan de la primera línea del frente me separan también del derecho a comprar mi derecho redundante, mediando soborno anual, a una tarjeta de residente que me permita aparcar sin sufrir la consecuente mordida por parte de algún empleado del sector privado disfrazado de agente de la autoridad pública.
Oséase, que ya no puedo aparcar en mi barrio sin pagar de nuevo lo que ya he pagado: me tengo que ir a los barrios vecinos. Entre 10 y 20 euros diarios calculo yo, más o menos, y unos cuantos viajes entre mi casa y el coche para que no me multen ente renovación y renovación de pago, que me saldría la broma de pretender hacerlo en las partes nuevo-céntricas del barrio, pues claro: yo vivo en él, y no quiero dejar allí mi coche unos minutos sino varias horas o incluso todo el día. Y es que, como es obvio, cualquiera que venga a la zona intenta, antes de dejar su vehículo en zona azul y pagar, hacerlo fuera de ella gratuitamente: por lo tanto, mi calle y todas las adyacentes están permanentemente ocupadas por ejércitos de coches aparcados, pues siempre ha llegado alguien antes que tú. Para evitar todo esto, sólo queda la opción de alquilar un aparcamiento privado, pero de los precios popularmente convenidos para ello es mejor que no hablemos los mileuristas y/o hipotecados. En fin, nada nuevo: las gentes de otros barrios ya han experimentado estas circunstancias antes que nosotros.
La "azulización" del barrio ha sido la segunda fase dentro del proyecto emprendido por el Excelentísimo para extinguir las escasas plazas de aparcamiento que teníamos en nuestras calles: primero vino el carril para bicicletas, ése que sólo utilizan los escasos "pijos progres" de esta ciudad, y que nos redujo a la mitad los espacios disponibles para aparcar... Nadie se ofenda por lo dicho sobre los "pijos progres", pues no será ironía si digo que siento gran aprecio por la pijería progre de Palma, siempre tan inocente y bienintencionada. Pero es cierto lo que digo: prácticamente, sólo ellos usan el susodicho carril pues el resto de pijos no va en bicicleta, y el resto de "biciclistas" siguen, como muy bien advirtiera en su día nuestro perspicaz conciudadano Matías Vallés, circulando impunemente por las aceras o entre los coches.
La verdad es que me he sentido tentado a creer que la única finalidad de este absurdo es la recaudación para el erario público, pero rápidamente me he dado cuenta de que pensar tal cosa es una candidez: no es la Administración la que más se beneficia con el negocio del estacionamiento de horario limitado, precisamente, sino esas empresas privadas o semiprivadas que prestan los servicios de habilitar las zonas para ello, primero, y después de proporcionar y mantener el material y personal (o agentes ejecutores de la multa) necesarios para controlarlas. Así que ya podemos imaginar a qué botes irá a parar mayoritariamente la recaudación...
En fin: "vendre ses cases i anar de lloguer", dice el adagio popular de este país nuestro, tan sabio y entrenado en el difícil ejercicio de la resignación pacífica... ¿He dicho "país"? Perdón, quería decir... Eh... Bueno, dejémoslo estar y al grano: pasaremos de largo por la dudosa constitucionalidad, o al menos legalidad, de las zonas "azules" de aparcamiento público mediante pago, y de la potestad sancionadora ejercida por asalariados del sector privado en vez de por agentes de la autoridad pública y convenientemente habilitados; pasaremos de largo también por la discutible utilidad de los procedimientos administrativos de petición, queja o recurso, y del interminable, fatigante y costoso contencioso-administrativo, tan interminable, fatigante y costoso que nadie que necesite aparcar su coche en la calle estará tan ocioso o apreciará en tan poco su salud como para decidir emprenderlo...
Pero sí quiero detenerme, sólo para especular un poquito, en el Código Penal vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, concretamente en su Libro II, que es el que regula los delitos, Título XIX, que trata sobre los cometidos "contra la Administración pública", y Capítulo I, que versa sobre "la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos". Su primer artículo es el 404, que dice así: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años". Triste pena me parece para según qué, "peró"... menos da una piedra. Que cada cual por su cuenta especule sobre qué es una "resolución arbitraria", qué resolución una "injusticia", y qué injusticia puede o no ser "a sabiendas". Quepa señalar, para quien quiera más datos antes de formarse su propio juicio, que a efectos penales y según el artículo 24 del mismo texto legal se considerará autoridad "al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia", y funcionario público a "todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas". Se me libre de estar insinuando ninguna acusación de comportamiento delictivo: sólo especulo e incito a especular, sin ánimo de lucro. Y de paso acuso directamente, sin insinuación alguna, de injusticia no delictiva: la más común, que generalmente no suele estar penada por norma oficial pues la cometen los mismos que legislan. Así que ya se me puede procesar por injurias mediando querella, aunque no por calumnias (refiérase a los artículos correspondientes del Código Penal quien quiera saber por qué).
De todas maneras, estoy seguro de que la jurisprudencia ya habrá convenido que este tipo de actuaciones por parte de los administradores públicos no son delito, y si no lo ha hecho aún será porque no ha sido necesario: lo hará el día en que sea preciso. Y es que ya se nos demuestra día a día que la separación entre los poderes ejecutivo y judicial son, en este país, o terruño amancebado, o lo que ostias sea, una farsa que sólo adquiere un cierto grado de sentido cuando se trata de mantener la emoción en la entusiasmante guerra de las familias políticas.
¡Ah, "este país"! No soy yo muy europeísta, pero en la pérfida Albión o la pagana Francia no son concebibles tales niveles de corrupción, política circense y anonadamiento popular: sólo la Italia berlusconiana nos supera a la hora de diseñar un Estado tan absurdo de las cosas. Será, pues, por la mediterraneidad, o será porque apenas hace tres décadas que cambiamos un dictador por una miríada de pequeños dictadores... Pequeños dictadores, eso sí, que nos dan libertad para hablar, pues ya no son militares rancios y orgullosos sino sinvergüenzas que no le tienen miedo alguno a la palabra: saben perfectamente que ésta no tiene ninguna capacidad de acción, salvo que los intereses del que la pronuncie coincidan, en algún momento y por casualidad, con los de algún medio fáctico de comunicación con cierto peso. Así que será por eso, como digo, o porque somos jóvenes en esto del capital que fluye libre y sin cadenas, o por la cercanía todavía palpable en la memoria colectiva de la esperanza transitiva de los 70, la libertad sin ira y todas aquellas cosas, que algunos ilusos todavía nos sorprendemos... Bueno, es mentira: no nos sorprendemos, pero la frase ha quedado muy bien. Y es que ya lo dejó avisado Polibio, allá por el siglo II antes de la Era: la monarquía se corrompe en tiranía, la democracia en oligarquía. La cuestión es que los pocos de siempre sigan tumbados en el carro, a la romana y con racimo de uvas, del que tiramos los muchos de nunca. Que las cosas cambien para que todo siga igual, diría Tomasi.
Y en fin, señores, esto es todo lo que quería escupir. Ya me he desahogado un poquito, y echado fuera de mí algo del veneno que trago: no me lo puedo dejar todo dentro, que se me infecta. Saludos.
Parece ser que vivo en el centro de Palma, y yo sin saberlo. No estoy muy seguro de cuál es el nombre oficial de mi barrio: creo que Son Canals, aunque yo lo llamo siempre "al lado de Pere Garau", pues desde la puerta de mi casa hasta la plaza hay unos dos minutitos, andando a mi ritmo que es más bien despacio y arrastrando los pies. Dado que la zona es, después de la inmediatamente vecina Son Gotleu, la que más inmigración ha recibido dentro de la ciudad en estos últimos años de gozo y prosperidad, yo la tenía por periférica antes que por céntrica: entre otros indicios, ficticios se ve, que me indujeron al error, se encuentra también el precio de la vivienda en su comparación con el de esos otros barrios a los que quisiera irme a vivir, o el nivel socio-económico de las gentes que habitamos por estas lares.
Pero el Excelentísimo Ayuntamiento de Palma ha venido a rescatarme de mi yerro: mi barrio es céntrico. O eso, o mi ciudad tiene el centro urbano más expansivo y voraz donde los haya en este país (adviértase mi pericia eludiendo, con este fórmula magistral, darle a "este país" el nombre de Imperio Español, Païssos Catalans o República Siciliana de Mallorca). Es lo que deduzco del hecho de que, a apenas 15 segundos andando (a mi ritmo) desde el portal de mi casa, entro ahora en territorio de la lóbrega y celebérrima "Ora", oséase en zona azul, oséase en "pague Vd. de nuevo por aparcar en las vías que mantenemos intransitables gracias al previo pago de su impuesto revolucionario de circulación". Aunque eso sí: los mencionados 15 segundos que me separan de la primera línea del frente me separan también del derecho a comprar mi derecho redundante, mediando soborno anual, a una tarjeta de residente que me permita aparcar sin sufrir la consecuente mordida por parte de algún empleado del sector privado disfrazado de agente de la autoridad pública.
Oséase, que ya no puedo aparcar en mi barrio sin pagar de nuevo lo que ya he pagado: me tengo que ir a los barrios vecinos. Entre 10 y 20 euros diarios calculo yo, más o menos, y unos cuantos viajes entre mi casa y el coche para que no me multen ente renovación y renovación de pago, que me saldría la broma de pretender hacerlo en las partes nuevo-céntricas del barrio, pues claro: yo vivo en él, y no quiero dejar allí mi coche unos minutos sino varias horas o incluso todo el día. Y es que, como es obvio, cualquiera que venga a la zona intenta, antes de dejar su vehículo en zona azul y pagar, hacerlo fuera de ella gratuitamente: por lo tanto, mi calle y todas las adyacentes están permanentemente ocupadas por ejércitos de coches aparcados, pues siempre ha llegado alguien antes que tú. Para evitar todo esto, sólo queda la opción de alquilar un aparcamiento privado, pero de los precios popularmente convenidos para ello es mejor que no hablemos los mileuristas y/o hipotecados. En fin, nada nuevo: las gentes de otros barrios ya han experimentado estas circunstancias antes que nosotros.
La "azulización" del barrio ha sido la segunda fase dentro del proyecto emprendido por el Excelentísimo para extinguir las escasas plazas de aparcamiento que teníamos en nuestras calles: primero vino el carril para bicicletas, ése que sólo utilizan los escasos "pijos progres" de esta ciudad, y que nos redujo a la mitad los espacios disponibles para aparcar... Nadie se ofenda por lo dicho sobre los "pijos progres", pues no será ironía si digo que siento gran aprecio por la pijería progre de Palma, siempre tan inocente y bienintencionada. Pero es cierto lo que digo: prácticamente, sólo ellos usan el susodicho carril pues el resto de pijos no va en bicicleta, y el resto de "biciclistas" siguen, como muy bien advirtiera en su día nuestro perspicaz conciudadano Matías Vallés, circulando impunemente por las aceras o entre los coches.
La verdad es que me he sentido tentado a creer que la única finalidad de este absurdo es la recaudación para el erario público, pero rápidamente me he dado cuenta de que pensar tal cosa es una candidez: no es la Administración la que más se beneficia con el negocio del estacionamiento de horario limitado, precisamente, sino esas empresas privadas o semiprivadas que prestan los servicios de habilitar las zonas para ello, primero, y después de proporcionar y mantener el material y personal (o agentes ejecutores de la multa) necesarios para controlarlas. Así que ya podemos imaginar a qué botes irá a parar mayoritariamente la recaudación...
En fin: "vendre ses cases i anar de lloguer", dice el adagio popular de este país nuestro, tan sabio y entrenado en el difícil ejercicio de la resignación pacífica... ¿He dicho "país"? Perdón, quería decir... Eh... Bueno, dejémoslo estar y al grano: pasaremos de largo por la dudosa constitucionalidad, o al menos legalidad, de las zonas "azules" de aparcamiento público mediante pago, y de la potestad sancionadora ejercida por asalariados del sector privado en vez de por agentes de la autoridad pública y convenientemente habilitados; pasaremos de largo también por la discutible utilidad de los procedimientos administrativos de petición, queja o recurso, y del interminable, fatigante y costoso contencioso-administrativo, tan interminable, fatigante y costoso que nadie que necesite aparcar su coche en la calle estará tan ocioso o apreciará en tan poco su salud como para decidir emprenderlo...
Pero sí quiero detenerme, sólo para especular un poquito, en el Código Penal vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, concretamente en su Libro II, que es el que regula los delitos, Título XIX, que trata sobre los cometidos "contra la Administración pública", y Capítulo I, que versa sobre "la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos". Su primer artículo es el 404, que dice así: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años". Triste pena me parece para según qué, "peró"... menos da una piedra. Que cada cual por su cuenta especule sobre qué es una "resolución arbitraria", qué resolución una "injusticia", y qué injusticia puede o no ser "a sabiendas". Quepa señalar, para quien quiera más datos antes de formarse su propio juicio, que a efectos penales y según el artículo 24 del mismo texto legal se considerará autoridad "al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia", y funcionario público a "todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas". Se me libre de estar insinuando ninguna acusación de comportamiento delictivo: sólo especulo e incito a especular, sin ánimo de lucro. Y de paso acuso directamente, sin insinuación alguna, de injusticia no delictiva: la más común, que generalmente no suele estar penada por norma oficial pues la cometen los mismos que legislan. Así que ya se me puede procesar por injurias mediando querella, aunque no por calumnias (refiérase a los artículos correspondientes del Código Penal quien quiera saber por qué).
De todas maneras, estoy seguro de que la jurisprudencia ya habrá convenido que este tipo de actuaciones por parte de los administradores públicos no son delito, y si no lo ha hecho aún será porque no ha sido necesario: lo hará el día en que sea preciso. Y es que ya se nos demuestra día a día que la separación entre los poderes ejecutivo y judicial son, en este país, o terruño amancebado, o lo que ostias sea, una farsa que sólo adquiere un cierto grado de sentido cuando se trata de mantener la emoción en la entusiasmante guerra de las familias políticas.
¡Ah, "este país"! No soy yo muy europeísta, pero en la pérfida Albión o la pagana Francia no son concebibles tales niveles de corrupción, política circense y anonadamiento popular: sólo la Italia berlusconiana nos supera a la hora de diseñar un Estado tan absurdo de las cosas. Será, pues, por la mediterraneidad, o será porque apenas hace tres décadas que cambiamos un dictador por una miríada de pequeños dictadores... Pequeños dictadores, eso sí, que nos dan libertad para hablar, pues ya no son militares rancios y orgullosos sino sinvergüenzas que no le tienen miedo alguno a la palabra: saben perfectamente que ésta no tiene ninguna capacidad de acción, salvo que los intereses del que la pronuncie coincidan, en algún momento y por casualidad, con los de algún medio fáctico de comunicación con cierto peso. Así que será por eso, como digo, o porque somos jóvenes en esto del capital que fluye libre y sin cadenas, o por la cercanía todavía palpable en la memoria colectiva de la esperanza transitiva de los 70, la libertad sin ira y todas aquellas cosas, que algunos ilusos todavía nos sorprendemos... Bueno, es mentira: no nos sorprendemos, pero la frase ha quedado muy bien. Y es que ya lo dejó avisado Polibio, allá por el siglo II antes de la Era: la monarquía se corrompe en tiranía, la democracia en oligarquía. La cuestión es que los pocos de siempre sigan tumbados en el carro, a la romana y con racimo de uvas, del que tiramos los muchos de nunca. Que las cosas cambien para que todo siga igual, diría Tomasi.
Y en fin, señores, esto es todo lo que quería escupir. Ya me he desahogado un poquito, y echado fuera de mí algo del veneno que trago: no me lo puedo dejar todo dentro, que se me infecta. Saludos.
.jpg)
